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Es indiscutible que exista la necesidad de normar y controlar por parte del Estado la actividad de las empresas de medicina prepagada; pero aquello debería realizarse con una ley que resoinda a la realidad, y que respete las grandes diferencias existente entre lo concerniente a la actividad aseguradora, la seguridad social y la salud pública, cual, lamentablemente, no se aprecia en este cuerpo lega. Esta es una ley que no cabe reformarla, sino derogarla. En su lugar se debe expedir una ley que no mezcle ni confunda con otros servicios privados o sistemas públicos, que busque el crecimiento y desarrollo ordenado del sistema de midicina prepagada, con una regulación adecuada y con la vigilancia y control pertinentes, que garanticen a los usuarios el cumplimiento presente y futuro de las prestaciones o servicios controlados por ellos. 144 páginas
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