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La orientación del Estado por criterios de racionalidad se plantea como tema fundamental del ordenamiento jurídico. Los criterios de decisión aceptados de manera intersubjetiva aseguran previsibilidad y consistencia en el derecho. La consideración empírica y científica de causa y efecto se presenta como condición de la más acertada efectividad de la acción estatal. La racionalidad está construida sobre ciertas finalidades preestablecidas que a su vez encuentran sus raíces en ciertos valores y preferencias. En ese sentido, cada ordenamiento estatal despliega su propia racionalidad de valores normativamente fundamentados. 131 páginas
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